El Congreso da otro paso hacia una Ley de Memoria Histórica justa

La moción de IU-ICV para que el Estado sea el responsable de la Recuperación de la Memoria sale adelante tras pasar por la tijera del PSOE

España | César Pérez Navarro - Tercera Información | 13-05-2010 |

La moción presentada por ER-IU-ICV que pretendía modificar la Ley de Memoria Histórica para establecer la responsabilidad de las administraciones públicas como garantes del derecho de los familiares de víctimas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista a la Verdad, Justicia y Reparación fue reducida en su contenido a través de una enmienda a la moción tras su negociación con el PSOE, requisito imprescindible para que la iniciativa saliese adelante.
La intención inicial de ER-IU-ICV partía de una crítica a la vigente Ley 52/2007, que “no garantiza las políticas públicas imprescindibles para localizar y recuperar los seres queridos de los descendientes de las víctimas del franquismo y más cuando la realidad muestra que la fiscalía del estado y la audiencia nacional les ha dado la espalda”, y que carga aún hoy sobre las asociaciones de Memoria Histórica una responsabilidad ineludible del Estado.
En dicha moción también se hacía referencia a la interpretación sesgada de la Ley de Amnistía de 1977 que ha permitido en muchos casos saltarse la legislación internacional respecto a los crímenes de lesa humanidad y que llevó al Comité de Derechos Humanos de la ONU a instar a España a derogarla en 2008, de manera que en ningún caso los tribunales nacionales pudiesen aplicar plazos de prescripción a delitos imprescriptibles.
Por último, ante la división de las políticas públicas en esta materia en tres ministerios se ve imprescindible un organismo que cuente con recursos humanos y materiales para dirigir y coordinar esfuerzos.
En concreto, la moción instaba al Gobierno a;
«1.Conmemorar de forma solemne la declaración del Congreso de los Diputados de condena expresa de los Diputados al régimen franquista y de apoyo a las víctimas del franquismo.
2.Constituir un día anual para la conmemoración y apoyo a los represaliados del franquismo y la condena del régimen franquista.
3.Establecer un Marco Institucional efectivo que impulse las políticas públicas relativas a la conservación y fomento de la memoria democrática, según lo dispuesto en la Disposición adicional tercera de la Ley 52/2007.
4.Crear un Alto Comisionado de apoyo a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura de acuerdo con la Disposición Adicional 3ª de la Ley 52/2007, que se encargará del cumplimiento de dicha Ley, mediante el seguimiento de las actuaciones de los órganos competentes de la Administración General del Estado; la colaboración con cuantas entidades públicas y privadas tengan por objetivo la atención a las víctimas; y la cooperación con los órganos competentes en este ámbito de las restantes Administraciones públicas.
5.Crear una Fiscalía especializada en el apoyo y ayuda a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.
6.Modificar la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, en los artículos 11, 12, 13 y 14, con el objeto de garantizar la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo, así como la divulgación de los resultados, pasando a ser esta una política pública e institucional garantizada por el Conjunto de Administraciones, y por la Administración General del Estado con carácter subsidiario.
7.Reformar cuantas disposiciones legales sean pertinentes con el objeto de impedir que puedan existir interpretaciones de nuestro ordenamiento jurídico por parte de diferentes estamentos del Estado que vayan contra los principios de Justicia, Verdad y Reparación a la que tienen derecho todas las víctimas de genocidio y de crímenes de lesa humanidad, tal y como se contempla en la legislación internacional en materia de derechos humanos y crímenes contra la humanidad. Dichas reformas tendrán por objeto garantizar que en ningún caso exista margen para considerar delito aquellas actuaciones que investiguen los crímenes imprescriptibles de la dictadura franquista.»
De todo ello, tras negociación con el PSOE, se ha acordado una enmienda de sustitución que ha salido adelante con 186 votos a favor (de IU-ICV, ERC, PSOE, CiU, PNV, y la mayoría del mixto), 145 en contra (del PP y UPN), y 1 abstención (Coalición Canaria).

El documento final aprobado es el siguiente;

1.- El ordenamiento jurídico vigente en España obliga, de modo indudable y suficiente, a la persecución de los crímenes contra la humanidad y de genocidio, en los términos y con el alcance recogido, entre otros, en el Pacto Internacional de los derechos Civiles y Políticos, en el Convenio para la sanción del genocidio y en resto de la legislación nacional e internacional que nuestra Constitución recoge y ampara.
2.- La aplicación e interpretación de toda esa legislación corresponde a los jueces y tribunales, por exigencia de esas mismas normas y de nuestra Constitución (Art. 117.1 CE). Cada uno de ellos en el ámbito de sus propias competencias. En consecuencia, el Congreso de los Diputados muestra su respeto a los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al resto de tribunales internacionales legítimamente constituidos”.
Y se insta al Gobierno a:
“1.- Transformar y potenciar la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, son sede en el Ministerio de Justicia, para que, además de su función de atención y asesoramiento a los ciudadanos, asuma la dirección y coordinación de todas las políticas públicas vinculadas a la aplicación de la Ley 52/2007 [de memoria histórica], tanto en el seno de la Administración General del Estado, como en las relaciones con las demás Admninistraciones Públicas competentes.
2.- Seguir facilitando el asesoramiento sobre los derechos, las condiciones y los procedimientos para el ejercicio de los derechos de las víctimas que contempla dicha Ley 52/2007, a través de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.
3.- Garantizar la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo, así como la divulgación de los resultados, pasando a ser ésta una política pública e institucional garantizada por el conjunto de Administraciones y por la Administración General del Estado con carácter subsidiario. Para ello se impulsarán las reformas normativas que sean necesarias”.
4.- Dar a conocer el Mapa integrado de fosas, haciéndolo accesible a todos los ciudadanos interesados y divulgando los datos de interés para la localización de las víctimas, tal y cómo establece la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.
5.- Conmemorar de forma solemne la declaración del Congreso de los Diputados de condena expresa de los Diputados al régimen franquista y de apoyo a las víctimas del franquismo.”
La iniciativa supone un avance en el desarrollo de una Ley de Memoria Histórica que ha recibido numerosas críticas desde su puesta en marcha, tanto por parte de las asociaciones dedicadas a estas labores como de los familiares de represaliados y ciudadanos sensibilizados con nuestro pasado.
El embudo de la negociación política no a permitido que se tomen en cuenta iniciativas como la creación de un Alto Comisionado de apoyo a las víctimas, que se hubiese encargado del seguimiento y cumplimiento de dicha ley, una Fiscalía con funciones parecidas a nivel judicial además del establecimiento de garantías de independencia de nuestros tribunales para que cumplan con la legislación internacional y se consideren los delitos cometidos durante la Guerra Civil y la postguerra como crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles, por tanto.
El mayor logro, aún por desarrollar legislativamente es, sin duda, que la exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo, así como la divulgación de los resultados, pase a ser responsabilidad de las administraciones públicas. La decisión del Congreso nos acerca, sin duda, a países como Argentina, Chile u otros tantos que padecieron la represión de una dictadura y supieron reaccionar a tiempo, tomando sus Estados enseguida la responsabilidad de la recuperación de la Memoria.

http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article15118